A cinco días de concluir el régimen de excepción, el fiscal general, Rodolfo Delgado, consideró necesario ampliar la medida aprobada el 27 de marzo pasado para combatir la incidencia delictiva en El Salvador.

"Las facultades que nos ha otorgado el régimen de excepción son necesarias para enfrentar este tipo de delincuencia y los resultados están a la vista", afirmó Delgado en una entrevista en el noticiero gubernamental.

Hasta ayer la Policía Nacional Civil (PNC) había ejecutado 14,571 capturas en diferentes comunidades a nivel nacional, en el contexto de la medida aprobada. De este total, Delgado admitió que la Fiscalía General de la República (FGR) ha trabajado con menos del 50 % de los casos.

"Vamos un poco abajo del 50% de los imputados que hemos presentado ante el Órgano Judicial. Estamos a una semana de que concluya el régimen de excepción, entonces esas facultades que nos otorgó tienen que continuar. Tenemos que procesar una buena parte de las personas que han sido detenidas durante estos primeros 30 días", argumentó.

“Debemos mantener el combate frontal y coordinado contra las pandillas. Las facultades que otorgó el régimen de excepción son necesarias para enfrentar este tipo de delincuencia y los resultados están a la vista”.

Rodolfo Delgado, Fiscal general.

El 11 de abril pasado, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, también señaló que podrían requerirse 30 días más, o por el tiempo que fuera necesario, la ampliación.

Para ese entonces la cantidad de personas detenidas era de 1,500. En esa misma ocasión, el titular hizo el llamado a la población de presentar pruebas a la Procuraduría General de la República (PGR) si su familiar había sido capturado y no pertenecía a una estructura criminal.

A la fecha ni los diputados de la Asamblea Legislativa, ni el presidente de la República, Nayib Bukele, han mencionado que pueda aprobarse un nuevo periodo.

A las 3:41 del domingo 27 de marzo, en sesión plenaria extraordinaria, los diputados de Nuevas Ideas aprobaron el régimen de excepción. La solicitud había sido emitida por Nayib Bukele horas antes, a través de su cuenta de Twitter.

Estaba sustentada en "salvaguardar la vida de los salvadoreños" ante el incremento de la violencia que se había generado durante las últimas horas.

Este aumento había dejado 67 personas asesinadas un día antes, pero los homicidios comenzaron a elevarse desde el viernes 25 de marzo, cuando fueron registrados 14 en diferentes municipios.

El Gobierno amparó su decisión en el artículo 29 de la Constitución de la República que permite un régimen de excepción en caso de "guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones al orden público".

A partir de ese momento la Policía y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) tomaron el control del territorio salvadoreño, que le ha facultado a la PNC realizar las más de 14,000 capturas de presuntos pandilleros.

Pidió más jueces

Las audiencias en contra de los capturados durante el régimen de excepción iniciaron el sábado 9 abril. En el tercer día del desarrollo de estas la Fiscalía pidió la reserva total de los casos sin justificación alguna. Abogados particulares denunciaron que la petición estaba relacionada a callar los "abusos cometidos".

Algunos representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que el sistema judicial no estaba preparado para procesar la cifra de personas detenidas.

Durante la misma entrevista de ayer, Delgado hizo el llamado al Órgano Judicial para que nombre más jueces especializados, con el fin de agilizar los procesos judiciales de los detenidos en la situación actual.

"El Órgano Judicial también tiene que hacer su parte y consideraría que es hasta necesario el nombramiento de más jueces especializados para que, en alguna medida, puedan ir realizando las audiencias con una programación un poco más rápida. Todo para que estas personas puedan, eventualmente, pasar al estado de detención provisional", enfatizó.

Confirmó además que hasta ayer el Ministerio Público había presentado ante los juzgados 88 solicitudes de imposición de medidas a nivel nacional. De estas, iniciaron procesos contra 6,787 personas a quienes acusan por el delito de agrupaciones ilícitas.

Delgado indicó que casi 6,000 personas ya enfrentaron su audiencia de imposición de medidas y que en estas solamente han dejado en libertad a 17 procesados.

"A la fecha llevamos 5,901 imputados detenidos en prisión preventiva, de al menos seis meses . También en las audiencias se han dejado en libertad únicamente a 17 personas detenidas. Son números muy aceptables, considerando las acciones a nivel nacional de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada", expuso.

Ayer los Juzgados Especializados de Instrucción A2, B3 y C3 de San Salvador decretaron enviar a prisión preventiva a 300 supuestos pandilleros, quienes en su mayoría son acusados por el delito de agrupaciones ilícitas.