Como parte del novenario de preparación para la fiesta de San Leopoldo, los Hermanos Franciscanos Capuchinos realizarán la bendición anual de vehículos, incluyendo coches, motos, camiones, bicicletas y buses.

Será este sábado 7 de mayo desde las 6:00 hasta las 21:00 sobre la Avda. Perón en sus dos veredas, en las inmediaciones de la Calle El Trabajador (a 500m del cruce con Félix Bogado).

Se trata de la edición número 20 de este evento y según los Capuchinos, el objetivo es agradecer a Dios por contar con un medio de transporte y pedir una protección para sus usuarios. El lema es: “Con la bendición de Dios, respeto por la reglas y mucha prudencia, podremos llegar a buen destino.”

Aprovechan la ocasión también para entregar una calcomanía de la bendición y una estampa con la imagen de San Leopoldo y los 10 mandamientos del manejo responsable, buscando generar conciencia acerca del cuidado que se debe tener con respecto a la vida, tanto de quienes viajan en el vehículo como de las demás personas con las que uno se cruza en el trayecto.

El hecho ocurrió ese jueves en el barrio San José de la ciudad de Limpio, en una vivienda próxima al Hospital del Indígena San Roque González de Santa Cruz.

Un bebé de dos años que jugaba descalzo en el patio de la casa sufrió una descarga eléctrica al tocar una columna de Karanday, con una conexión precaria.

El menor fue derivado al citado hospital, donde médicos realizaron la reanimación durante al menos media hora, pero desafortunadamente sin resultados.

Técnicos de la ANDE acudieron al lugar a verificar la columna y confirmaron que no figuraba en los registros y que estaba conectada de manera clandestina.

Se trata de Cosme Damián Villalba, Lorenzo Ramón González y el prófugo Diego Ramón Carísimo, quienes están imputados por secuestro, asociación criminal, coacción grave y extorsión grave.

El fiscal Godoy pidió al juez penal de Turno que dicte la prisión de los dos detenidos, ya que los delitos por los que fueron imputados son muy graves. En relación al tercer implicado se dictó su captura.

El hecho se registró en la tarde de ayer aproximadamente a las 16:00 cuando tres hombres secuestraron a un joven de 16 años. Los captores llamaron a la familia del menor desde su celular para negociar la liberación y pidieron G. 100 millones.

Cuatro horas después se llegó a un acuerdo con los secuestradores de pagar G. 20 millones y se pactó la entrega, cuando Cosme Villalba vino a buscar el rescate, se lo detuvo, también se llegó a Lorenzo González, se liberó al menor, pero el tercer miembro de la banda logró escapar.

Con la finalidad de encaminar alianzas en torno a la lucha contra el terrorismo transnacional entre Paraguay y Colombia, en el marco de la cooperación en materia judicial que llevan adelante ambos países, el fiscal general colombiano Francisco Barbosa Delgado llegó al país y mantuvo un encuentro con su par paraguaya, Sandra Quiñónez, con quien ratificó los lazos de hermandad y de cooperación jurídica internacional entre ambas instituciones.

En una entrevista exclusiva con Nación Media, el máximo funcionario de la Fiscalía General de Colombia explicó que en forma articulada viene trabajando con Quiñónez en la lucha contra el narcotráfico, tráfico de migrantes, trata de personas, crimen transnacional, extradiciones, entre otros temas.

“Nosotros somos titulares de la acción penal, no estamos atados a los discursos de cooperación sino que a los resultados. Los resultados de las investigaciones criminales que tenemos en nuestros países son el eje central de estas reuniones, aquí no existe el ánimo de encontrarse y hacer reuniones diplomáticas por hacerlas nada más, sino que de tratar de tener resultados concretos, tal como lo hicimos con el tráfico de migrantes”, refirió.

INJERENCIA POLÍTICA EN LA JUSTICIA

Por otro lado, a la pregunta sobre la injerencia política sobre el estamento judicial, la autoridad extranjera esgrimió que “a los diferentes grupos políticos les molesta las Fiscalías, porque nosotros perseguimos a criminales y muchos de esos grupos están compuestos por criminales”. Es por ello que, según subrayó, se vuelve difícil para las fiscalías generales tener una aceptación de parte de la clase política que por años se pasó instalando una corrupción en los países.

En ese sentido expresó además su completo apoyo a Sandra Quiñónez, a quien ciertos sectores de la oposición y también del oficialismo pretendieron sacarla del cargo. “Yo le decía a la Fiscal General del Paraguay que nosotros no estamos para agradar a la gente, estamos para perseguir criminales. La injerencia la combatimos con alianzas estratégicas, con solidaridad. Nosotros rechazamos la presión que se ejerció contra la fiscal; la fiscal no está sola, está acompañada de todos nosotros que cumplimos una función similar en nuestra región”, agregó.

Barbosa Delgado, quien asumió su cargo el 13 de febrero de 2020 bajo el gobierno de Iván Duque, expuso que los fiscales generales deben cumplir su periodo constitucional pero que muchos sectores políticos no desean que esto se concrete por diversos motivos. En su caso particular, contó que también pretendieron sacarlo del cargo pero que no cedió ante estas presiones. “Hay que advertirles a estos grupos políticos que estamos en pie de lucha, en defensa de la institucionalidad judicial de nuestros países”, acotó.

Así también el visitante recordó que hace un mes un candidato presidencial de su país afirmó que la Fiscalía General de Colombia no le ofrecía garantías. “Ese es el discurso típico para desarticular Estados de Derecho”, lanzó al respecto.

CÓMO GARANTIZAR LOS DD.HH.

En materia de derechos humanos, el fiscal general indicó que para poder neutralizar los problemas actuales, debe haber una unidad en la protección de los DD.HH. dentro del Estado, lo cual desembocará en la civilidad de la población. Para prevenirlos dijo que el Poder Ejecutivo, las gobernaciones, municipalidades y la Fiscalía deben articular los mecanismos necesarios en torno a políticas públicas. En el caso del Ministerio Público, este debe actuar de manera rápida, de modo a que no quede la sensación de impunidad. “Nosotros recibimos la Fiscalía en Colombia con el 52% de esclarecimiento de homicidios de líderes sociales. Hoy subió al 69%. Eso ayuda a fortalecer la lectura que se hace de la Fiscalía General”, ejemplificó.

Ahondó que al haber fuertes sanciones eso servirá como una medida de prevención ante futuras prácticas.

LAS GUERRILLAS

En otro momento se refirió a la lucha contra los grupos criminales y las guerrillas. En ese sentido expuso que se puede combatir con mayor presencia institucional, justicia y mensajes claros a la ciudadanía, de que con el crimen organizado no se puede negociar.

“No hay que declinar las funciones constitucionales de un país por estos grupos (armados). Es necesario rápidamente lograr que a través de inteligencia e investigaciones sólidas desmantelar estas organizaciones criminales. Lo que no puede ocurrir es que estas organizaciones pretendan socavar los pilares del Estado paraguayo. Es necesario que la ciudadanía comprenda y distinga entre la legalidad e ilegalidad, los valores de civilidad y de destrucción, la ley y la rendición. Un país no se debe rendir”, indicó.

Sobre el caso paraguayo, Barbosa Delgado contó que la fiscala general Sandra Quiñónez le expuso los alcances y actuaciones del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), de modo a que él pueda exponerle los mecanismos implementados en su país contra la guerrilla colombiana. Agregó que próximamente mantendrá otras reuniones con Quiñónez y se ampliarán los equipos de trabajos de ambos países, para ahondar en este tema y otras cuestiones.

CASO GRANDA Y CECILIA CUBAS

Consultado sobre el caso del “canciller de las FARC” Rodrigo Granda, quien dirigió el secuestro de Cecilia Cubas en Paraguay y actualmente goza de inmunidad en su país desde el 2016 tras el acuerdo de paz con el gobierno colombiano, el fiscal general primero lamentó el asesinato de la connacional y lo calificó de vergonzoso. “Me duele por esa familia y por el pueblo paraguayo”, indicó.

Sobre la situación de Granda dijo que “ese acuerdo que se firmó es uno que tiene un componente de justicia transicional, no retributiva penal. Granda está sometido a la jurisdicción de paz en Colombia, pero si abandona el territorio y hay una orden de captura internacional y existe una cooperación internacional del Estado donde haya sido capturado con Paraguay, debe responder por los crímenes que cometió. No hay una amnistía internacional, sino que un acuerdo de cooperación por un acuerdo firmado en Colombia, que tiene efectos solo en Colombia”.

Vale recordar que el Gobierno de México ayudó a Granda en octubre del 2021 cuando este llegó a suelo mexicano. En vez de ser detenido y extraditado al Paraguay, el exlíder guerrillero fue devuelto a su país.

“Esa fue una decisión soberana de la justicia mexicana”, subrayó sobre ese punto.

ELECCIONES EN COLOMBIA

Por último, el fiscal general aseguró que estará abierto a trabajar con quien resulte electo en las elecciones de Colombia, sin importar de qué partido político sea.